Déjà vu!!! ¿Cuántos cierres de cadenas más?

Ya lo hemos visto antes

La noticia del cierre definitivo de Vivanta no debería leerse como una noticia más. El Consejo General de Dentistas habla de miles de pacientes en situación de incertidumbre: tratamientos en curso, pagos realizados, financiación y acceso a la historia clínica. Y vuelve a reclamar algo que lleva años reclamando: que el riesgo empresarial no termine en el sillón del paciente.

Solo tenemos que recordar los precedentes: Funnydent cerró nueve clínicas en 2016 y afectó a 2.481 pacientes; iDental cerró 26 centros en 2018 y la cifra citada en sede parlamentaria se situó en torno a 400.000 pacientes; Dentix dejó en 2020 a 101.481 personas con tratamientos ya abonados total o parcialmente, según el Ministerio de Consumo. Cambian los nombres y las estructuras, pero el problema vuelve.

Ante estos cierres, el Consejo General de Dentistas recuerda la necesidad de conservar toda la documentación, solicitar la historia clínica y buscar orientación en el Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Es una ayuda imprescindible; pero no debería ser la única red de seguridad cuando el daño ya se ha producido.

No escribo esto para demonizar a las cadenas. Una organización grande puede aportar procesos, inversión, tecnología y formación; también genera empleo y absorbe parte de los numerosos odontólogos que se incorporan al mercado cada año. El tamaño no es el problema. El problema es permitir que el tamaño avance más rápido que las garantías.

La escala del cierre: 124 clínicas, más de 30.000 pacientes

El 26 de octubre se cerraron las últimas clínicas operativas de Vivanta. Algunas informaciones cifran la red cerrada en 124 centros; otras la sitúan en torno a 130. Más allá de esa diferencia, el dato esencial es el mismo: toda la red quedó sin actividad y más de 30.000 pacientes tenían tratamientos en curso o pendientes.

La oferta que estaba sobre la mesa contemplaba 61 clínicas, la continuidad de esos tratamientos y la subrogación de 656 contratos laborales. El resto de la red ya había sufrido cierres o suspensiones progresivas. La oferta venció el 21 de octubre, sin que se resolvieran el concurso ni la consulta a la Comisión Europea sobre las implicaciones del rescate de la SEPI.

En paralelo, la CNMC autorizó la operación DONTE / ACTIVOS AESTES-APOLLONIA, en la que Fairy Investments Topco figura como adquirente formal de 61 clínicas. Donte Group reúne Vitaldent, Moonz, Smysecret y MAEX; su accionista mayoritario es Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). La oferta reciente sobre Vivanta se describió, en cambio, como presentada por Orion Bidco, vehículo de OTPP.

No conviene mezclar operaciones, pero sí extraer la lección: que una concentración no plantee riesgos para la competencia no garantiza, por sí sola, la continuidad asistencial. En sanidad también hay que prever qué ocurre con los pacientes, sus historias clínicas, su financiación y sus tratamientos cuando una red entra en dificultad.

El aviso del Consejo lleva diez años sobre la mesa

El Consejo General de Dentistas ha insistido en que las garantías deben aplicarse con criterios objetivos a cualquier prestador sanitario que reciba por adelantado importes de tratamientos futuros, sin importar su forma societaria, su dimensión o su modelo empresarial. Es una posición sensata: competencia y protección del paciente no son ideas enfrentadas. Lo que no es aceptable es que la segunda siempre llegue tarde.

El sector no necesita más titulares de crisis. Necesita prevención. Y prevenir no es pedir imposibles: es saber, antes de que haya un problema, quién continuará los tratamientos, dónde estará la información clínica, qué pasará con los pagos y quién dará la cara ante cada paciente.

Si hoy eres paciente afectado

El Consejo recomienda conservar presupuesto, contrato, facturas, justificantes de pago, financiación, consentimientos, mensajes y resguardos de citas. También pide solicitar por escrito información sobre la continuidad del tratamiento y una copia completa de la historia clínica, radiografías y pruebas. Si existe un crédito vinculado, conviene comunicar de forma acreditable el incumplimiento a la entidad financiera. Y si hay una urgencia o riesgo para la salud, lo primero es acudir a otro dentista para una valoración clínica.

Pero esta columna no pretende trasladar toda la carga al paciente. Precisamente al contrario. Un paciente no debería tener que convertirse en experto en concursos, financiación, protección de datos y reclamaciones para terminar un tratamiento sanitario que ya ha pagado.

Hasta que la prevención sea obligatoria

Seguiremos llamándolo “caso”, “episodio” o “cierre inesperado”. Yo prefiero llamarlo por su nombre: un déjà vu que ya dura demasiado. La salud no puede quedar a merced de que una operación empresarial salga bien o mal. Ni una clínica, ni una cadena, ni un regulador deberían olvidarlo.